Ley de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Castilla-La Mancha

La siniestralidad laboral y los costes humanos, económicos y sociales que conlleva, es motivo de preocupación en nuestra sociedad, y determina la adopción de medidas, de toda índole, tendentes a que su reducción constituya un objetivo prioritario de todos los agentes implicados en su prevención, habiéndose producido importantes avances en estos últimos años.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, dentro del ámbito de sus competencias, debe velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, realizando el seguimiento de las actuaciones en las empresas, prestándoles su asesoramiento, y promoviendo la prevención con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La experiencia acumulada, en los años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ha puesto de relieve la necesidad de acometer, sin perjuicio de las necesarias políticas de inspección y control, la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de la siniestralidad laboral bajo un nuevo enfoque, involucrando activamente a la sociedad de Castilla-La Mancha, a fin de hacerla más sensible y comprometida con los comportamientos preventivos, creando y consolidando una auténtica cultura de la prevención de riesgos laborales. Con tales premisas, la presente Ley pretende ser un instrumento para movilizar a la sociedad castellano-manchega, haciéndola aún más sensible a la adopción de comportamientos preventivos en el ámbito del trabajo desde una perspectiva educativa y de concienciación social, y con el que dar una adecuada respuesta asistencial a las víctimas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales y a sus familias en atención a la situación socioeconómica en la que se queden como consecuencia de aquéllos.

Con este propósito la Ley aborda, desde una vertiente transversal, medidas dirigidas tanto a la sensibilización social sobre los valores de seguridad y salud en el trabajo y a la incorporación de objetivos y contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales en los diversos niveles del sistema educativo castellano-manchego, como a incentivar la adopción de comportamientos preventivos por quienes pretendan acceder a subvenciones públicas o participar en la contratación administrativa.