Eje 3. Servicios de Prevención Ajenos

El recurso a un servicio de prevención ajeno, en su condición de entidad especializada, para prestar asesoramiento y apoyo a la actividad preventiva que ha de realizar la empresa, es una modalidad que está prevista en la normativa preventiva. En la actualidad dicha modalidad organizativa es la opción elegida por buena parte de las empresas de Castilla – La Mancha.

Factores que tienen que ver, por un lado, con una insuficiente integración de la prevención en el sistema general de gestión por parte de las empresas y, por otro, con distorsiones en el mercado preventivo fruto de una excesiva mercantilización de la actividad a desarrollar por parte de los servicios de prevención ajenos, en un escenario de competencia entre dichos servicios, han dado lugar a situaciones que motivan la necesidad de poner en marcha acciones que vengan a mejorar esta situación.

Línea 3.1 Optimización de la oferta y demanda de servicios

La normativa preventiva tiene preceptos que requieren de una interpretación adecuada que no es sencilla en todos los casos, dado que se trata de valorar la idoneidad, calidad y suficiencia en la prestación de un servicio, es decir, de aquilatar si la actuación realizada por el prestador del servicio es acorde a la finalidad que pretende dicha prestación.

Con la finalidad de optimizar el equilibrio entre las necesidades y demandas de las empresas que conciertan con una entidad especializada y el alcance y eficacia del servicio prestado por ésta, el Acuerdo prevé medidas que no son un fin en sí mismas sino que lo que pretenden, en realidad, es optimizar la gestión preventiva de las empresas, integrarla en la gestión empresarial y, por tanto, repercutir favorablemente en las condiciones de trabajo del personal de dichas empresas. De igual modo, se prevé el traslado de información sobre siniestralidad a los servicios de prevención ajenos, con el fin de, por un lado, dinamizar su actividad y, por otro, de hacerles conocedores y, por tanto, partícipes de la evolución de la siniestralidad laboral, todo ello con el objetivo de remarcar la importancia de la labor que desempeñan.

Línea 3.2 Calidad técnica y sanitaria de las actuaciones

En su condición de entidad especializada, el servicio de prevención ajeno ha de estar formado por personal técnico y sanitario especializado y, por tanto, prestar un servicio de calidad.

De manera que, la buena praxis por parte de los servicios de prevención ajenos ha de ser consecuencia de, por un lado, un marco de autorregulación en el que los propios servicios fijen el estándar de lo que ha de entenderse por calidad del servicio que prestan, con la finalidad de evitar la competencia desleal entre ellos y facilitar el seguimiento de la actividad que realizan; y, por otro, de medidas que faciliten la formación de sus profesionales y, por tanto, su especialización, fomentando que la actividad prestada en las empresas sea, en definitiva, una actividad especializada y de calidad. A este doble propósito están dirigidas las medidas contempladas en esta línea estratégica.

Línea 3.3 Vigilancia y control

Los servicios de prevención ajenos han de justificar el cumplimiento de una serie de requisitos para su funcionamiento como entidad especializada; de igual modo, han de contar y mantener en el tiempo con una serie de recursos humanos y medios, tanto desde el punto de vista técnico como sanitario.

Las autoridades laborales y sanitaria, junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han de velar por el cumplimiento de dichos requisitos por parte de los servicios de prevención ajenos, con la finalidad de evitar efectos negativos derivados de incumplimientos que, en último término, repercuten en la calidad y alcance del servicio prestado y, por tanto, en las condiciones de Seguridad y Salud Laboral de la población trabajadora.

De manera que el Acuerdo prevé la puesta en marcha de diferentes medidas del ámbito de control y vigilancia, dirigidas a minimizar el impacto de los eventuales incumplimientos por parte de estas entidades, así como a evitar el intrusismo y competencia desleal que se deriva de la participación en el mercado preventivo de otras entidades que no reúnen los requisitos para funcionar como servicio de prevención ajeno.